El reciente proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro por el legislador César Rafael Domínguez propone, a primera vista, un acto de estricta justicia distributiva y transparencia fiscal: reemplazar las viejas «fórmulas estimativas» y los «mecanismos presuntivos» del cobro del alumbrado público por un sistema de medición eléctrica real.
Bajo la lente del consumo y el derecho constitucional, la medida es un triunfo de la racionalidad y la defensa del consumidor. Sin embargo, si desplazamos la mirada hacia una perspectiva sociológica foucaultiana, el proyecto revela una mutación profunda en las tecnologías del poder estatal: el paso de un poder macro y soberano (que recauda a grandes rasgos) a una microfísica del poder basada en la vigilancia molecular y la anatomía política del detalle.
De la Tasa Presuntiva a la Anatomía del Detalle
Para Michel Foucault, el poder moderno no se ejerce principalmente a través de la violencia física o la prohibición, sino a través de la disciplina y la organización del espacio y el tiempo. Históricamente, el cobro del alumbrado público mediante «porcentajes aplicados sobre el consumo domiciliario» funcionaba bajo la lógica de una soberanía tosca: el Estado cobraba un tributo general, estimativo, donde el cuerpo social pagaba en masa sin una individualización estricta.
La introducción de «sistemas de medición homologados, individualizados y sectorizados» representa el sueño foucaultiano de la cuadrícula. El poder ya no se conforma con una masa impositiva difusa; ahora necesita fragmentar, medir el flujo exacto, registrar la conducta lumínica de cada sector, de cada cuadra, de cada nodo. Lo que la ley llama «transparencia fiscal», la sociología del poder lo reconoce como un refinamiento de los mecanismos de control: saber con precisión matemática dónde y cuánto se consume para gobernar con mayor eficacia.
El Dispositivo de la «Ciudad Inteligente»: El Panóptico Digital
El proyecto de ley no oculta su aspiración fundamental: dar el salto hacia verdaderas «ciudades inteligentes» equipadas con tableros y sistemas de control centralizados. Aquí es donde el concepto de Panóptico cobra una vigencia escalofriante. El Panóptico de Jeremy Bentham, analizado por Foucault en Vigilar y Castigar, es aquella arquitectura donde todo puede ser visto desde un punto central sin que los observados sepan si están siendo mirados en ese instante.
El tablero de control de la «ciudad inteligente» es el nuevo panóptico. Ya no se vigila solo al ciudadano en su moral; se vigila la infraestructura que sostiene su vida cotidiana.
La justificación estatal es la eficiencia (detectar desperdicios y fallas técnicas), pero la contraescala coercitiva es inmediata: el sistema está diseñado específicamente para «individualizar fallas y detectar conexiones clandestinas». La red lumínica se convierte en un sensor de normalización. Aquello que escapa a la norma legal (la conexión clandestina, el enganche, la anomalía del consumo) es inmediatamente visibilizado, expuesto y castigado por el ojo digital del Estado local. La luz pública ya no solo ilumina el camino del ciudadano; ahora lo examina.
La Biopolítica de la «Transparencia» y el Consumidor Disciplinado
Es fascinante cómo el proyecto ampara esta coacción tecnológica en el Artículo 42 de la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa del Consumidor. Foucault denominaba biopolítica a la gestión estatal de la vida, los cuerpos y las poblaciones bajo el manto del bienestar, la salud o la protección.
En este caso, el Estado rionegrino no se presenta como un soberano que impone un castigo, sino como un Estado protector que garantiza el «derecho a recibir información veraz». Al transformar al ciudadano-contribuyente en un «usuario-consumidor de luz», el poder logra su mayor éxito: la interiorización de la norma. El ciudadano ya no se rebela contra el impuesto; exige ser medido con exactitud. Desea el medidor. El éxito del poder disciplinario radica en que el sujeto disciplinado termine militando los mismos instrumentos que lo vuelven completamente legible y controlable para el Estado.
Conclusión: Los 24 Meses de la Adecuación
El plazo de 24 meses otorgado a los municipios para adecuar sus sistemas no es simplemente una transición técnica; es el tiempo necesario para la instalación de un nuevo régimen de verdad.
Detrás de la innegable y legítima búsqueda de «razonabilidad tributaria» para el bolsillo de los vecinos de Río Negro, se escribe un nuevo capítulo en la historia de la vigilancia estatal. La oscuridad de las fórmulas presuntivas da paso a una luz perfectamente cuadriculada, donde el costo real de la iluminación pública se paga con la entrega definitiva de nuestra última opacidad ante el tablero de control del Estado.
Fuentes y Sustento Analítico
Corpus Teórico (Michel Foucault): El análisis se basa en los conceptos de Microfísica del Poder y Panoptismo (Vigilar y Castigar, 1975), examinando cómo la transición hacia una «ciudad inteligente» y la medición real transforman el espacio público en una cuadrícula de vigilancia e individualización del desvío. Asimismo, se aplica la noción de Biopolítica para entender cómo la protección del «ciudadano-consumidor» naturaliza el control estatal.
Marco Institucional (Análisis FAIS): El anclaje territorial y la lectura de la coyuntura político-administrativa de Río Negro se sustentan en las líneas de investigación de la Fundación Atlántica para la Investigación Social, orientadas al seguimiento de la normativa local, las ordenanzas tributarias y el impacto de la infraestructura tecnológica en las comunidades del litoral marítimo.
Soporte Metodológico (Herramientas IA): Para la producción del texto se utilizaron tecnologías de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) en la extracción de variables clave del proyecto de ley, combinadas con modelado de hibridación conceptual para articular el lenguaje técnico-jurídico con la teoría social contemporánea.