Desde hace más de 40 días, los vecinos de San Antonio Oeste conviven con montículos de tierra que estarían contaminados con plomo y metales pesados, un peligro latente que ahora ha escalado a una nueva crisis.
La tensión en la localidad se disparó luego de que la Municipalidad procediera a remover parte de esta tierra —que se encuentra bajo una estricta orden judicial—, afectando directamente el acceso y la seguridad de las comunidades educativas de la Escuela Primaria N° 161 y del Centro de Educación Técnica (CET) N° 19.
Esta situación crítica se centra en la calle Torello, donde los montículos cortan arterias viales clave e impiden el normal funcionamiento de las instituciones educativas.
La controversia se profundizó cuando, a pesar de una medida cautelar dictada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que prohibía expresamente cualquier tipo de movimiento de dicho material, el ejecutivo municipal decidió intervenir.
La primera voz de alerta provino del concejal Matías Rodríguez (Cambia Río Negro), quien realizó la denuncia inicial tras detectar que se estaba utilizando tierra de una cantera clausurada judicialmente. A su reclamo se sumaron otras voces, como la del concejal Guillermo Masch (JSRN), quien también exigió respuestas formales. De acuerdo a la comunicación elevada por el edil Masch, el municipio removió tierra de una zona bajo medida judicial, pero estos residuos nunca fueron retirados de los nuevos lugares donde se depositaron, generando un peligro constante para los alumnos de la Escuela 161 y el CET 19, como así también para peatones y conductores.
Las comunidades educativas de la zona han vivido semanas de zozobra. El acceso a los establecimientos se vio severamente obstaculizado y, lo que es más grave, expuesto a la potencial inhalación y contacto con partículas de metales pesados. La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) también se ha pronunciado enérgicamente, exigiendo el corte de las calles afectadas y la correcta cobertura y posterior retiro seguro del material contaminante.
La medida judicial original respondía a un recurso de amparo ambiental presentado por la «Comisión Multisectorial por la problemática del plomo en San Antonio Oeste» y a una solicitud del Defensor General, Dr. Ariel Alice. La orden judicial no solo buscaba prevenir un daño mayor a la salud pública y al medio ambiente, sino también obligar a las autoridades a presentar un plan de remoción seguro y adecuado.
La reciente remoción por parte del municipio, al margen de la directiva judicial, ha abierto un nuevo capítulo de controversia y preocupación en la localidad. Mientras algunos sectores pueden verla como una solución a los cortes de calle, la acción ha sido calificada de imprudente y riesgosa por quienes exigen un manejo responsable de los residuos peligrosos. La comunidad de San Antonio Oeste sigue a la espera de una solución definitiva que garantice un ambiente sano y seguro para todos sus habitantes.