Las declaraciones realizadas por el subsecretario de Comercio, Sebastián Senger, al medio Informativo Hoy, no son solo un reporte de gestión tras los festejos de fin de año; son una radiografía de una tensión social latente en San Antonio Oeste y Las Grutas. Lo que el funcionario describe expone la creciente brecha entre las leyes vigentes (la burocracia estatal) y las nuevas formas de vida y consumo de la comunidad (la realidad social).
Desde una mirada sociológica, analizamos tres puntos clave que surgen de la entrevista, donde el Estado choca con la dinámica diaria de la calle y las redes.
La inviolabilidad del mundo privado vs. el interés público
Uno de los puntos más álgidos tratados en la nota fue el control de la pirotecnia. Senger fue claro: «Nosotros salimos con un vehículo… lo único que se encontró fue Chasquiboom y Estrellitas». Sin embargo, la comunidad percibió otra realidad auditiva.
Aquí aparece un límite sociológico claro: la frontera entre lo público y lo privado. El Estado (Comercio) tiene poder sobre el local habilitado, pero pierde fuerza ante el domicilio particular. Senger explicó a Informativo Hoy que «no se llegaron a hacer denuncias de lugares, casas privadas o personas que vendían pirotecnia» y que sin esa denuncia formal, no pueden ingresar. Esto refleja cómo el control estatal depende necesariamente de la colaboración ciudadana; sin un «pacto social» donde el vecino denuncie, la norma se vuelve inaplicable puertas adentro.
La modernidad líquida: Ventas en redes y el «Uber trucho»
El comercio ya no ocurre solo en un local con vidriera; hoy fluye por canales invisibles. Cuando Senger dice «tenemos que rever nuestras ordenanzas… para las ventas a través de redes sociales, que hoy no tenemos la potestad de alcanzar», está admitiendo que la realidad tecnológica avanza más rápido que la ley.
El funcionario utiliza términos que todos entendemos, como el problema de la comida casera sin control bromatológico o el «Uber trucho». Sociológicamente, esto es un fenómeno de anomia: las viejas reglas no sirven para los nuevos juegos. El Estado intenta atrapar con redes físicas (inspectores en la calle) a un mercado que es virtual y escurridizo.
El espacio público como territorio de disputa
La playa y la peatonal no son solo lugares de ocio; son escenarios de lucha por la supervivencia económica. Senger relató al medio colega una «pelea diaria» con la venta ambulante no autorizada, llegando al extremo de la violencia física: «Tuvimos un inspector que terminó en el hospital».
Aquí chocan dos lógicas:
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La lógica del orden y la salud: El municipio buscando garantizar la bromatología y la competencia leal (cuidar al comerciante que paga impuestos).
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La lógica de la necesidad: El vendedor ambulante que busca su sustento al margen de la norma.
El subsecretario planteó una imagen potente sobre la noche de Año Nuevo: «No sé qué es lo que se pretende que se haga, si bajemos cinco inspectores a pelear con mil personas». Esta frase resume la imposibilidad del control total cuando la conducta masiva (miles de personas en la playa) supera la capacidad operativa de cualquier institución.
Hacia un nuevo contrato social
Senger cerró la entrevista con una verdad incómoda: «Yo creo que hay que sentarse entre todos y ver cómo lo corregimos». La solución no parece ser únicamente policial o de inspección. El desafío de San Antonio Oeste es actualizar sus «reglas de juego» (ordenanzas) para que encajen con una sociedad que ha cambiado su forma de comprar, de vender y de festejar. Mientras la norma siga corriendo detrás de la realidad, el conflicto entre inspectores y vendedores, o entre vecinos y ruidos molestos, seguirá siendo la crónica de todos los días.