La reciente movilización universitaria nacional puede leerse no solo como una protesta sectorial, sino como un síntoma de la crisis de mediación entre el Estado y los actores sociales. Aplicando las categorías de Sidicaro, podemos desglosar el fenómeno en tres puntos clave:
1. El Estado contra sus propias instituciones
Para Sidicaro, el Estado argentino ha atravesado procesos de «desestatización» simbólica. La actual ofensiva sobre la universidad pública representa una ruptura del pacto fundacional que veía en la educación la columna vertebral de la nación. Cuando el discurso oficial intenta deslegitimar a la universidad, no solo ataca un presupuesto, sino que erosiona la autoridad de una de las pocas instituciones que aún conservan legalidad y legitimidad técnica en una sociedad fragmentada.
2. La debilidad de los partidos y la emergencia de la calle
Frente a una clase política que Sidicaro suele describir con dificultades para articular demandas sociales genuinas, la universidad emerge como un actor político sustituto.
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Autonomía de la movilización: Al no encontrar cauces institucionales tradicionales que canalicen el malestar, la comunidad académica se ve obligada a ocupar el espacio público para revalidar su rol.
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Heterogeneidad social: La marcha evidencia una coalición que supera la «grieta», unificando a sectores que, a pesar de sus diferencias ideológicas, coinciden en el valor de la meritocracia universitaria como última frontera de estabilidad social.
3. La disputa por la «Racionalidad»
En sus análisis sobre el poder y la burguesía, Sidicaro destaca cómo los sectores dominantes intentan imponer una racionalidad técnica o económica por encima de la social. La movilización actual es una respuesta directa a ese intento de mercantilización. La sociedad le responde al Estado que la lógica del «déficit cero» choca frontalmente con la lógica de la reproducción cultural y científica, la cual posee sus propios tiempos y necesidades que no pueden ser reducidos a una planilla de Excel.
Desde una perspectiva sidicariana, lo que está en juego es la capacidad del Estado para seguir siendo el garante de la integración social. La universidad no es solo un gasto; es el espacio donde se construye el sentido de lo público. Su defensa es, en última instancia, la defensa de la viabilidad de Argentina como sociedad integrada.