El ejido costero que integran San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto experimenta una mutación histórica impulsada por megaproyectos energéticos de Oil & Gas vinculados a Vaca Muerta. Sin embargo, este vertiginoso salto económico choca de frente con una estructura pública que quedó congelada en el tiempo, una contradicción que el bloque de concejales de La Libertad Avanza busca visibilizar al presentar un Proyecto de Declaración en apoyo a la Ley Provincial Número 821/26 para crear de forma urgente una segunda Fiscalía Descentralizada. Desde la perspectiva del intelectual brasileño José de Souza Silva, este escenario expone los riesgos de una modernización asimétrica basada en una lógica extractivista y externa, donde los discursos del progreso económico global avanzan a gran velocidad mientras los costos sociales y la precarización institucional quedan anclados en el territorio, transformando de manera abrupta la identidad de una comunidad que pasa de ser un pueblo pesquero y turístico a un nodo industrial masivo.
Esta vertiginosa transformación sociodemográfica altera inevitablemente los lazos comunitarios y satura las capacidades del Estado local, donde una única fiscalía penal debe absorber la conflictividad de un territorio inmenso que abarca desde la costa hasta localidades como Sierra Grande, Valcheta y Ramos Mexía. Si recuperamos la mirada del sociólogo argentino Ricardo Sidicaro, la crisis del orden social y la consecuente desconfianza colectiva se profundizan cuando las instituciones demuestran incapacidad para regular los nuevos escenarios de poder y delito. Con más de mil legajos penales ingresados en el inicio del año y la recurrente necesidad de derivar las causas de alto impacto a los tribunales de Viedma, el ejido padece lo que Sidicaro define como una pérdida de eficacia del Estado como garante de la cohesión social básica, dejando a los ciudadanos ante una percepción de vacío de poder y desamparo jurídico cotidiano.
El flujo financiero derivado del desarrollo energético no solo trajo dinamismo, sino que transfiguró por completo el mapa delictivo local, haciendo emerger una delincuencia compleja de «cuello blanco» caracterizada por estafas inmobiliarias, falsificaciones de títulos y usurpaciones ligadas al boom de la tierra. Asimismo, la inmigración interna masiva introdujo complejas tensiones laborales y sindicales, mientras que la alta liquidez monetaria convirtió a la región en un mercado sumamente lucrativo para el narcomenudeo y elevó el riesgo de contrabando marítimo en el Puerto de San Antonio Este. Ante estas problemáticas que exigen investigaciones complejas, pericias sofisticadas y medidas cautelares rápidas, la existencia de una sola estructura penal condena a los funcionarios a un régimen de turno permanente y desgastante que se traduce de forma inevitable en morosidad institucional y denegación de justicia por mora.
El proyecto de ley impulsado por el legislador César Rafael Domínguez propone que esta nueva dependencia comparta sede con la fiscalía actual y se financie mediante Rentas Generales, permitiendo una alternancia legal de turnos y abriendo la puerta a una necesaria especialización por materias. Tanto Souza Silva como Sidicaro coincidirían en que esta demanda supera la mera necesidad burocrática de abrir una oficina; se trata del síntoma de una comunidad atrapada en una transición acelerada donde las instituciones públicas corren detrás de las demandas del mercado para ofrecer seguridad jurídica al capital privado en lugar de planificar el bienestar social preventivo. En definitiva, San Antonio Oeste se enfrenta al desafío urgente de equilibrar su desarrollo productivo con el fortalecimiento de su estado de derecho, entendiendo que los dólares de la energía no podrán sostenerse en el tiempo si el crecimiento económico sigue avanzando a pasos agigantados mientras la justicia y la paz social caminan a paso de tortuga.