Las audiencias públicas suelen ser puestas en escena donde el poder corporativo y el funcionariado de turno despliegan tecnicismos para convalidar decisiones ya tomadas en despachos lejanos. Sin embargo, a veces irrumpen voces que desarticulan el libreto e introducen la densidad de la realidad territorial. La reciente alocución de Jovita González -vecina y concejal por el Partido Vecinalista Compromiso Ciudadano de San Antonio Oeste- operó bajo esa lógica: fue una radiografía precisa de las tensiones entre las promesas de la modernidad global y la resistencia del arraigo comunitario.
Si pasamos su intervención por el tamiz del pensamiento de Zygmunt Bauman, el conflicto socioambiental en el Golfo San Matías adquiere una claridad analítica meridiana. Vivimos en lo que el sociólogo polaco denominó la modernidad líquida, una era caracterizada por la disolución de los compromisos a largo plazo y la preocupante separación entre el poder y la política. El poder ahora es global y fluido; vuela y se deslocaliza según las conveniencias del capital. La política, en cambio, permanece atada al territorio, fija y obligada a lidiar con las consecuencias locales de esos flujos globales.
Al señalar con crudeza que quienes deciden son funcionarios que «van a pasar», González desnudó la licuefacción de la responsabilidad institucional. Las esferas jerárquicas operan bajo el ritmo líquido de los mandatos electorales o los balances corporativos trimestres, externalizando los riesgos hacia el futuro. Frente a esa transitoriedad de los despachos provinciales o nacionales, la política vecinalista encarna «lo sólido»: el lazo social de la comunidad que se queda, que habita el suelo y que sabe que no hay mudanza posible cuando el extractivismo agota sus ciclos.
El núcleo ético de su discurso latió en una frase tan poética como política: «Amamos el golfo y no tenemos uno de repuesto». En el universo de la liquidez total, el sistema intenta convencernos de que todo es mercantilizable, reemplazable o compensable mediante regalías financieras. La introducción del afecto y el arraigo por el Golfo San Matías funciona aquí como un límite normativo innegociable. No es un romanticismo ingenuo; es la defensa de un ecosistema que sustenta la pesca artesanal, el turismo y la identidad colectiva frente a la fantasía global de la obsolescencia programada.
González también aportó realismo al advertir sobre la situación de Sierra Grande, donde «se generó mucha expectativa y las cosas no suceden así». La sociología baumaniana explica cómo el capital estimula ilusiones volátiles para seducir a comunidades históricamente postergadas. Son economías de boom y caída: desembarcos industriales que prometen salvación pero que, ante el menor cambio en las cotizaciones mundiales, se evaporan con la misma rapidez con la que llegaron, dejando atrás periferias fracturadas y una profunda frustración social.
El tramo final de la alocución abandonó la mera resistencia para exigir gobernanza real. Reconocer que la comunidad llega «tarde» a las mesas de decisión describe la exclusión estructural que sufren los municipios ante los megaproyectos. Sin embargo, la exigencia de «sumarse» para controlar y monitorear los impactos-asumiendo con madurez que habrá cambios positivos y negativos- es un intento institucional de inyectar previsibilidad al porvenir.
Lo que Jovita González planteó en la audiencia no fue una oposición ciega al desarrollo, sino una demanda de sostenibilidad democrática. Un recordatorio firme de que el territorio no pertenece a los gobiernos de turno ni a las corporaciones de paso. Es un grito de autodefensa comunitaria para trazar una línea en la arena y evitar que las corrientes de la modernidad líquida disuelvan el mañana de las generaciones que vienen.