La media sanción de la ley de «Modernización Laboral» en la Cámara de Diputados no es un simple ajuste técnico ni una respuesta a las demandas del siglo XXI. Desde una mirada sociológica, estamos ante un punto de inflexión donde el Estado argentino renuncia a su rol de árbitro para institucionalizar la anomia y la desprotección.
Para comprender la magnitud de lo que se votó entre pasillos y negociaciones de último minuto, resulta imprescindible retomar la lucidez de Ricardo Sidicaro. El sociólogo argentino siempre advirtió sobre la «anomia institucional» y la incapacidad de las élites para proyectar un modelo de país que no sea a costa del desmantelamiento de los derechos sociales.
La «Modernización» como espejismo
Bajo el rótulo seductor de la modernización, la ley oculta una regresión. Sidicaro nos enseñó que las operaciones discursivas de las élites suelen desconectarse de la realidad social para responder a intereses corporativos. Al extender los períodos de prueba y eliminar multas por trabajo no registrado, no se está creando empleo; se está eliminando la frontera entre la formalidad y la precariedad. El trabajador deja de ser un sujeto de derecho para transformarse en una «variable de ajuste» contable.
El fin del sujeto colectivo: De trabajadores a «colaboradores»
Uno de los puntos más críticos es la creación de la figura del «trabajador independiente con colaboradores». Aquí, la desarticulación de los actores colectivos que mencionaba Sidicaro llega a su máxima expresión.
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Se rompe la identidad de clase.
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Se individualiza el riesgo laboral.
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Se atomiza al trabajador de plataformas, convirtiéndolo en un «micro-emprendedor» de su propia vulnerabilidad, sin red de seguridad social, sin aportes patronales y sin representación sindical efectiva.
PyMEs y la transferencia del riesgo
Incluso para las PyMEs, el sector que históricamente sostiene el empleo en el interior del país y en ciudades como la nuestra, el panorama es de incertidumbre. El nuevo «Fondo de Cese Laboral» traslada la responsabilidad del capital al trabajo. Lo que se presenta como «previsibilidad» para el empleador es, en realidad, la erosión del principio de responsabilidad social.
Una política de espaldas a la sociedad
Lo sucedido en el Congreso refleja esa distancia abismal entre la sociedad y sus representantes que Sidicaro denunció incansablemente. Vimos una fragmentación donde los intereses territoriales y las urgencias fiscales de los gobernadores primaron sobre un proyecto de nación cohesionado.
Lo que queda tras la sesión de ayer es la consagración de la incertidumbre como norma. El Estado se retira, las instituciones se debilitan y el tejido social se fragmenta aún más. En este escenario, la pregunta que nos queda como sociedad no es cuánto cuesta un trabajador, sino qué tipo de comunidad estamos construyendo cuando el derecho al futuro se vuelve un privilegio para pocos.
Por Milton Albariño