La concejal de Compromiso Ciudadano en el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, Jovita González, manifestó su preocupación por la dificultad que enfrentan los ediles para acceder a información oficial del Ejecutivo municipal y advirtió que muchas ordenanzas aprobadas no logran implementarse por falta de reglamentación o por problemas de gestión.Durante declaraciones públicas, la concejal explicó que el rol del Concejo no se limita únicamente a legislar, sino también a controlar el cumplimiento de las normas vigentes. En ese sentido, señaló que la ciudad cuenta con un importante desarrollo normativo, aunque muchas de esas disposiciones no se aplican en la práctica.
“San Antonio tiene uno de los materiales legislativos más completos. Incluso somos consultados por otros municipios. Hemos avanzado mucho en normativa, pero el problema es que después no las podemos cumplimentar o llevar a cabo”, expresó González.
Según indicó, una de las dificultades recurrentes es la falta de reglamentación de las ordenanzas por parte del Ejecutivo municipal. En otros casos, afirmó, la propia estructura de gestión del municipio hace que determinadas iniciativas resulten inviables.
Pedidos de informes y acceso a la información
Frente a ese escenario, la concejal explicó que el bloque opositor recurre frecuentemente a pedidos de informes para obtener datos sobre la administración municipal. Uno de los casos que mencionó está relacionado con un convenio firmado con empresas de telecomunicaciones.
De acuerdo con González, ese acuerdo contemplaba la utilización de fondos para instalar cámaras de seguridad y fortalecer acciones de salud comunitaria. Sin embargo, aseguró que aún no cuentan con información clara sobre el destino de esos recursos.
“Desde el inicio de nuestra gestión venimos solicitando saber cuál fue el destino de esos fondos. La falta de controles sobre esos equipos genera un gris y la información nunca vuelve de manera completa”, sostuvo.
La edil remarcó que, a su entender, toda la información vinculada con la gestión pública debería ser de acceso abierto para la ciudadanía.
“Entendemos que la cosa pública tiene que ser pública. El gobierno debería publicar todo, incluso los convenios que firma, para que podamos conocerlos y tener la tranquilidad de que las cosas se hacen correctamente”, afirmó.
Críticas a anuncios de obras
En ese marco, González también cuestionó anuncios oficiales que -según dijo- luego no se corresponden con los proyectos concretos presentados ante el Concejo Deliberante.
Como ejemplo recordó el anuncio realizado tiempo atrás sobre la pavimentación de cien calles en la ciudad.
“Cuando revisamos el expediente ingresado en ese momento vimos que en realidad se trataba de una solicitud para autorizar al Ejecutivo a tomar un empréstito. No había un proyecto de pavimentación que acompañara ese pedido”, explicó.
La concejal indicó que, mientras los anuncios llegan rápidamente a la población, muchas veces resulta difícil acceder a la documentación que respalda esas iniciativas.
“Se anuncian cosas que le llegan a la gente, pero cuando vamos a los hechos concretos o a los convenios es muy difícil acceder a esa información”, remarcó.
En ese contexto, aseguró que desde su bloque buscan ejercer una oposición constructiva, pero que la falta de datos limita esa posibilidad.
“Siempre fuimos propositivos. Nuestra idea es hacer una oposición que sume a las buenas gestiones, pero cuando no tenemos información en tiempo y forma nos vemos atados de manos para colaborar”, señaló.
Falta de respuestas a los informes
González también describió diversas situaciones en las que los pedidos de informes no reciben respuestas completas.
“En algunos casos directamente hay silencio de algunas áreas del municipio. En otros nos responden que no es la vía correspondiente o nos contestan otra cosa distinta a lo que se preguntó”, detalló.
Para la concejal, si la gestión fuese completamente transparente no sería necesario recurrir a tantos mecanismos administrativos para obtener datos.
“Si todo estuviera tan claro y transparente, ni siquiera tendríamos que pedir informes. El hecho de que tengamos que indagar tanto genera desconfianza”, expresó.
Preocupación por obras en zonas con napas altas
Por otra parte, González se refirió a la preocupación generada por trabajos realizados en un sector urbano donde se detectó la presencia de napas de agua a poca profundidad.
La concejal explicó que, tras conocer la situación, su compañero de bloque Alejandro Araño se acercó al lugar para registrar imágenes y recabar información.
Posteriormente ambos mantuvieron consultas con representantes de la empresa y con Cristian Berbelvde Planificacion Municipal, quienes confirmaron que las napas se encuentran entre dos y tres metros de profundidad.
Según relató González, la empresa indicó que actualmente se está bombeando el agua hacia otro sector y que la situación se reparará una vez finalizada la obra.
Sin embargo, la edil planteó dudas sobre las condiciones futuras para construir viviendas en esa zona.
“Le preguntamos si habrá consideraciones especiales para construir allí. Probablemente no se puedan hacer cimientos tradicionales y haya que utilizar sistemas de platea”, explicó.
También señaló que es fundamental que los vecinos adjudicatarios de esos terrenos estén debidamente informados sobre esas condiciones.
“No se puede pretender que un vecino instale un pozo para aguas grises si antes no están todos los servicios. Primero deberían garantizarse esas condiciones para que el lugar sea viable”, sostuvo.
Cuestionamientos a la planificación urbana
En relación con ese tema, González volvió a plantear la necesidad de mejorar la planificación del crecimiento urbano de la ciudad.
“Cada gobierno piensa la ciudad de una manera distinta. No estamos proyectando nuestra comunidad pensando en los próximos 30 años”, advirtió.
La concejal consideró que San Antonio Oeste tiene potencial para consolidarse como uno de los centros urbanos más importantes de la región patagónica, pero que para ello se requiere una planificación sostenida en el tiempo.
Situación de la pesquera Río Salado
Finalmente, González se refirió al conflicto relacionado con la pesquera Río Salado y al reclamo de los ex trabajadores que esperan el pago de las indemnizaciones correspondientes.
La edil explicó que, si bien el conflicto involucra principalmente a actores privados y a la provincia, desde el Concejo Deliberante se mantiene contacto con los damnificados.
“Conocemos la situación porque hemos recibido a los ex empleados. Tengo vecinos que trabajaron allí y sabemos por lo que están pasando”, afirmó.
González consideró que el reclamo de los trabajadores es legítimo, aunque también señaló que deben buscarse mecanismos que permitan reactivar la planta y recuperar los puestos de trabajo vinculados a la actividad pesquera.
“Tenemos una comunidad muy ligada a la pesca. Muchas familias viven directa o indirectamente de esa actividad”, indicó.
Además, cuestionó que en su momento se haya permitido que la empresa presentara como caución un terreno en lugar de un seguro, una situación que -según dijo- terminó complicando el cobro de las indemnizaciones.
“Las cauciones deberían haberse realizado con seguros u otros mecanismos que garantizaran el cumplimiento del pago”, sostuvo.
Para González, el rol del Estado local debería ser el de mediar entre las partes para resolver el conflicto y evitar que la planta permanezca cerrada.
“Lo importante es que esa planta vuelva a ser productiva y que se generen puestos de trabajo. Hoy cualquier fuente laboral, sea una, diez o cien, es fundamental para nuestra comunidad”, concluyó.
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