En los últimos días, el gerente general de Aguas Rionegrinas (ARSA), Javier Iud, defendió un nuevo aumento tarifario del 14% en los servicios de agua y cloacas. El argumento central se apoya en una premisa que resuena fuerte en los tiempos que corren: hacer que la empresa estatal sea «autosustentable». Según sus declaraciones, la dependencia de los subsidios provinciales se redujo drásticamente del 60% al 25%. Para justificarlo, Iud apeló a una retórica conocida por el sistema: «es mentira que los servicios son gratis» y cada peso que el Estado subsidia en el agua, se lo quita a la Educación o a la Seguridad.
Si contrastamos esta visión estrictamente contable con las declaraciones que el propio funcionario nos brindó tiempo atrás en Nación Escriba , el panorama exige un análisis mucho más profundo de las tensiones sociales que atraviesan a nuestra región. En aquella oportunidad, Iud confirmaba la histórica licitación para el nuevo sistema de agua potable destinado a San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto San Antonio Este.
Entre la infraestructura vital y la lógica comercial
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El rol irremplazable del Estado: La megaobra anunciada para multiplicar la producción y las reservas en nuestro ejido es un avance innegable. Tenemos en claro que el trabajo de las organizaciones comunitarias es fundamental, pero siempre resulta incompleto sin el respaldo y la inversión del Estado. Sin embargo, ese mismo Estado entra en una grave contradicción cuando comienza a operar bajo las reglas del capitalismo y el libre mercado.
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La trampa discursiva del subsidio: Plantear que subsidiar el agua desfinancia las escuelas o la seguridad pública es una falacia que el sistema utiliza para justificarse. Es una lógica perversa que enfrenta los derechos básicos de la clase trabajadora entre sí, sugiriendo que la gente laboriosa debe elegir qué necesidad fundamental cubrir, mientras las grandes concentraciones de riqueza y los sectores acomodados permanecen intocables y rara vez son cuestionados.
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El agua no es una mercancía: En nuestra entrevista anterior, el funcionario lamentaba los insultos recibidos al pedir un «cambio cultural» y se mostraba sorprendido por la fuerte resistencia popular a la idea de que la provincia embotellara y vendiera agua. Esa resistencia popular es legítima. Comparar el costo del servicio público con «dos botellas de gaseosa» expone una mirada mercantilista sobre un derecho humano. El pueblo intuye, con justa razón, que cuando un recurso vital se envasa para generar lucro, se privatiza material y simbólicamente.
Hoy, el peso de esa «autosustentabilidad» que celebran los despachos recae de lleno sobre los bolsillos de la gente de trabajo. Se les exige un doble sacrificio: absorber tarifas cada vez más altas en un contexto de asfixia económica y, al mismo tiempo, ser los únicos responsables de modificar su «cultura» frente al consumo.
La gestión de un recurso tan esencial en Río Negro no puede reducirse a una planilla donde los números deben cerrar a costa del esfuerzo ciudadano. Si el agua que correrá por los nuevos caños de nuestro ejido se convierte en un bien de lujo regido por las lógicas del mercado, la obra pública, por más monumental que sea, habrá sido vaciada de su sentido social más profundo.