La legisladora provincial de Vamos con Todos analizó el panorama político rionegrino, cuestionó la falta de controles ambientales y laborales ante las inversiones energéticas, expuso el deterioro del hospital Aníbal Serra y la emergencia pesquera, e insistió en el debate urgente por la remediación del plomo. Además, admitió que evalúa una eventual candidatura a la intendencia de San Antonio Oeste.
En diálogo con Nación Escriba, la médica y legisladora provincial por San Antonio Oeste, Ayelén Spósito, trazó un balance pormenorizado del escenario político, social y económico que atraviesa la región atlántica y Río Negro. Desde un rol opositor riguroso, remarcó las deficiencias de fiscalización del Estado rionegrino y adelantó el trabajo que encabeza para consolidar un proyecto de gobierno comarcal.
Reorganización del peronismo y el rol en la Legislatura
—¿Cómo se posiciona su espacio político frente al oficialismo provincial y cuál es el camino hacia la reorganización del peronismo rionegrino?
—Nosotros formamos parte de una construcción peronista clara que se distanció de la decisión del Partido Justicialista cuando estableció una alianza con el actual gobernador en 2023. A través del Movimiento Evita, junto con otros sectores afines, impulsamos la conformación del partido Comunidad Organizada, una herramienta que nos permitió alcanzar representación tanto legislativa como municipal. Actualmente trabajamos para lograr una unidad del peronismo que vaya mucho más allá de un simple acuerdo electoral de ocasión. Lo principal para nosotros es poder ganar la provincia de Río Negro, ser gobierno una vez más e ir transformando aquellas cuestiones que desde lo legislativo venimos planteando día a día.
—¿Qué dinámica de trabajo mantienen en la Cámara frente a la mayoría que ostenta el oficialismo?
—En la Legislatura somos muy críticos, somos una oposición seria. Todo aquello que tenemos que acompañar, lo acompañamos, y lo que nos parece que no hay que darle el voto, no se lo damos. El oficialismo cuenta con una mayoría cómoda, sostenida principalmente por sus aliados. No obstante, estamos siempre dispuestos a dialogar y alcanzar acuerdos cuando se trata de mejorar las condiciones de las ciudades y de la provincia, pero marcando con total claridad nuestras diferencias conceptuales.
Inversiones energéticas: exigencias ambientales y controles laborales
—Frente al avance de los proyectos energéticos en la costa rionegrina, ¿cuál debe ser el papel del Estado en el control de las empresas?
—El Estado provincial debe garantizar que las empresas cumplan con la normativa laboral vigente, especialmente en materia de contratación de trabajadores locales y condiciones de empleo. Desde nuestro bloque acompañamos la iniciativa para fortalecer el área de Trabajo mediante la incorporación de inspectores para mejorar los controles. Sin embargo, la fiscalización no debe limitarse a verificar la cantidad de trabajadores contratados: tiene que contemplar si están debidamente registrados, cuánto tiempo duran sus contratos, qué salarios perciben y cuáles son sus jornadas laborales. Nosotros no evaluamos solamente si tengo trabajo, sino también las condiciones laborales de cada trabajador y trabajadora.
—En el plano ambiental, ¿qué garantías considera que aún no están dadas?
—Exigimos controles mucho más estrictos y sanciones concretas ante eventuales incumplimientos o avances de proyectos que se desarrollen sin contar con las autorizaciones correspondientes. Cuestionamos con firmeza que la provincia no haya presentado garantías suficientes sobre los mecanismos de prevención y respuesta técnica ante posibles contingencias o siniestros en nuestro litoral.
Crisis en el hospital Aníbal Serra y falta de profesionales
—Desde su formación en el campo de la salud, ¿cuál es el diagnóstico sobre el sistema público y el hospital de San Antonio Oeste?
—La situación sanitaria es sumamente preocupante por la falta de profesionales médicos y las condiciones en las que desempeñan sus tareas los equipos de salud. La construcción y ampliación de edificios no resulta suficiente si no se garantiza la incorporación de personal para brindar los servicios. Son hospitales sin personal adentro, sin profesionales médicos. Cualquier construcción que nosotros hagamos es válida y la celebramos, pero si no ponemos profesionales adentro es muy difícil que funcione una salud pública así.
—¿Qué dificultades puntuales enfrenta el hospital local?
—Al mirar particularmente el hospital Aníbal Serra observamos pocas modificaciones estructurales desde hace años. De hecho, algunos arreglos menores y trabajos de pintura se realizaron con aportes del Rotary Club y de vecinos organizados. A esto se suma la falta de un pediatra permanente, lo que provoca que las necesidades de atención infantil terminen siendo cubiertas por médicos de otras áreas. Incluso, ante determinados partos, profesionales que no cuentan con esa especialidad deben intervenir para asistir a las pacientes, una situación que implica mayores responsabilidades y exigencias injustas para el personal de guardia.
Emergencia pesquera y convivencia con los proyectos del Golfo
—El sector pesquero lleva más de tres años en emergencia. ¿Cuáles son las causas de este parate prolongado?
—La emergencia pesquera se viene prorrogando desde hace más de tres años y la falta de recursos disponibles, sumada a las dificultades para desarrollar la actividad, golpea especialmente a los pescadores de menor escala. Las medidas adoptadas terminan beneficiando a determinados sectores concentrados, particularmente a quienes cuentan con permisos para operar en aguas nacionales, mientras que los trabajadores del golfo quedan en una situación de extrema vulnerabilidad. Esta crisis es la consecuencia directa de años de falta de controles y de la ausencia total de una política pesquera sostenida en el tiempo.
—¿Qué consecuencias sociales genera esta crisis en las familias locales?
—El impacto es profundo: varios pescadores de nuestra región debieron trasladarse a Rawson durante este año y el anterior para conseguir sustento. Esto no es solamente que no se pesca; lo analizamos como algo mucho más profundo, relacionado con nuestra sociedad, porque la ausencia prolongada de los trabajadores repercute de lleno en la estabilidad de sus familias. Por eso planteamos que la pesca y el turismo necesitan políticas de desarrollo para consolidarse frente al auge energético. Cuando nos dicen que las tres economías —la energética, la pesca y el turismo— pueden convivir tranquilamente, mi planteo es que tenemos dos economías que no están totalmente consolidadas. ¿Cómo van a competir con estos proyectos energéticos que vienen al Golfo? Cuando una firma entra en crisis o presenta quiebra, los trabajadores quedan completamente desprotegidos.
Remediación del plomo y la fiscalización sobre ALPAT
—Respecto a la contaminación por plomo en San Antonio Oeste, ¿en qué estado se encuentra el proyecto legislativo para su remediación?
—La remediación es un reclamo histórico que lleva más de dos décadas y del cual he participado activamente tanto en el hospital como en la Legislatura. Presentamos un proyecto para crear un ente autárquico de seguimiento y regulación de la remediación, con participación de universidades, organismos públicos, la multisectorial y representantes provinciales y municipales para asegurar un control permanente. Sin embargo, la iniciativa no ha sido incorporada al debate pese a nuestros pedidos de pronto despacho: ya van pasando tres sesiones y no se ha puesto en discusión ni en debate ni en las comisiones. La Provincia no da respuestas concretas y el gobierno nacional trasladó responsabilidades a las provincias sin garantizar el financiamiento necesario.
—¿Qué postura mantiene respecto a la planta Álcalis de la Patagonia (ALPAT) y sus controles ambientales?
—Presentamos pedidos de informes sobre la actividad de ALPAT. Si bien recibimos respuestas con fotografías y actas de inspección, consideramos que esa documentación no alcanza para despejar las dudas sobre el funcionamiento y los controles de la planta. Existe una responsabilidad estatal ineludible en fiscalizar el mantenimiento industrial y los residuos, pero cualquier medida extrema tiene impacto laboral: si pedimos que se suspendan las actividades, atrás voy a tener a 500 familias golpeándome la puerta diciéndome que las estamos dejando sin trabajo. Por eso, la responsabilidad principal es de los organismos provinciales y municipales, que deben garantizar controles ambientales estrictos sin dejar jamás desprotegidos a los trabajadores.
Proyección comarcal: ¿candidatura a intendente?
—En el plano local, ¿analiza competir por la intendencia de San Antonio Oeste?
—Me encantaría ser candidata y no solamente ser candidata, sino también poder gobernar el lugar que elegí para quedarme y formar mi familia. De todos modos, todavía no hay una definición tomada: dependerá de las necesidades de nuestro espacio político y de las alternativas que se presenten en el armado provincial. Estamos trabajando en la construcción de un proyecto para San Antonio Oeste con vecinos y vecinas de distintos sectores, incluso de personas que no tienen afiliación justicialista. La intención es elaborar una propuesta seria, con objetivos y lineamientos definidos antes de resolver los nombres propios, para que, al momento de que llegue quien sea el candidato o candidata a intendente, tenga algo sólido donde sostenerse.